Querido Jose Luis: seguro que percibías lo que te quería la gente. Pero no puedes hacerte idea de hasta qué punto. Así quedó reflejado también en los diversos actos de tu despedida. En el funeral, tu hijo Iñaki, con la atenta presencia de Isa, nos emocionó serenamente diciendo verdades como puños. Tuvo palabras muy cariñosas y emotivas, especialmente retratándote con sencillez como padre del que sentirse orgullosos. En ese orgullo tuvo muy en cuenta tu continua dedicación a mejorar Berriozar, no solamente durante los años en los que fuiste Alcalde, sino también antes, en la Asociación de Vecinos, y después, atento siempre a poder asesorar o acompañar, e implicándote en el desarrollo de proyectos y obras. Honrado y responsable. Esas fueron solo dos de las palabras con las que te definió como representante público. Ahí es nada. Todo el mundo lo dice. Por eso quiero recogerlo en estas líneas y corroborarlo.
Difícilmente se puede estar gobernando y ser más sencillo que tú, y a la vez más competente y eficaz. Difícilmente más sensible, más dispuesto, más generoso, más conocedor de los asuntos municipales. Has dejado una profunda huella en todas tus compañeras y compañeros de Batzarre, que seguro que hacen suya cada una de las palabras que unos y otras te dirigimos estos días. Has dejado un hermoso rastro en cada uno de los lugares en los que te has dedicado a intentar un mundo mejor. Y has dejado claro que no, que no todos los políticos son iguales. Quien te conoció, nunca podrá decir que todos los políticos son iguales o que el poder corrompe a todos. Ni la corrupción, ni los privilegios, ni los oportunismos electoralistas, ni los insultos, ni el olvido de lo prometido, ni elevarse por encima de los demás, nada de todo eso tuvo que ver contigo antes, durante y después de ser Alcalde, si no fue para hacerle frente. Has sido y eres ejemplo de que otra forma de hacer política es posible. De que la política puede ser un ejercicio noble, aliado con el tejido social, que ayude a construir un mundo mejor. En eso seguías, aunque ya sin cargo institucional, honesto y responsable, intentándolo contra viento y marea. Pusiste todo para que no solo dependiese de la bondad de las personas, como en tu caso, sino para que la propia política salvase sus contradicciones a favor de la participación ciudadana, la honestidad y la transparencia.
Gracias, Jose Luis, por tu valioso legado de sencillez, amistad, honestidad, generosidad, inconformismo con las injusticias, conocimiento del medio, respeto y promoción de la diversidad. No tenemos adjetivos suficientes para calificar todo lo que nos has dado y enseñado. Por eso, para terminar, con profunda admiración y reconocimiento, tan solo diré que fuiste un extraordinario sencillo gran ser humano. Un fuerte abrazo, hasta siempre.
jueves, 24 de marzo de 2011
jueves, 13 de mayo de 2010
2010, REPÚBLICA Y CENTENARIO
El odio se amortigua
detrás de la ventana.
Será la garra suave.
Dejadme la esperanza.
(Miguel Hernández)
El 21 de marzo se celebraba el día mundial de la poesía, el 28 se cumplían 68 años de la muerte de Miguel Hernández en las cárceles franquistas, y el 14 de abril tiene lugar el 79 aniversario de la proclamación de la II República española, por cuya defensa luchó el poeta del que este año conmemoramos el centenario de su nacimiento. Pertenezco a una generación de aprendices de poeta, que se curtió en el antifranquismo leyendo, entre otros, a Miguel Hernández. Más allá del mito que tantas ansias tienen por desmontar algunos, lo cierto, lo indiscutible, es que el hombre, ese Miguel Hernández de carne y hueso, con aciertos y defectos como el régimen democrático por cuya defensa murió, expiró a los 31 años, entre los muros carceleros del franquismo, como tantos otros jóvenes de su edad. El poeta, todavía vive en los vientos del pueblo y en las nanas de la cebolla, para la libertad. Aunque figure, todavía, en los archivos oficiales, como un rebelde contra el Movimiento franquista, que por ello merecía la pena de muerte. Hace escasos días, el gobierno español entregó a la familia del poeta un documento para rehabilitar su memoria. En el mismo acto, la familia pidió que se anule el proceso que le condenó a muerte. Una familia que, como muchas otras, vivió en la oscuridad durante el franquismo para no ser centro de sus represalias. La historia de la represión y muerte de Miguel Hernández es la historia de muchos otros españoles cuya memoria todavía no ha sido suficientemente rehabilitada, porque, entre otros déficits, tantas décadas después aún siguen en pie las sentencias de aquellos procesos-farsa. No deja de ser un chiste macabro ante esta situación, el hecho de que Garzón resulte encausado por pretender investigar los crímenes del franquismo a instancias de los familiares de desaparecidos durante la dictadura franquista y de cerca de 30 asociaciones vinculadas a la recuperación de la Memoria Histórica. Todo ello, mientras en Navarra UPN todavía se niega a solicitar la anulación de estos juicios “porque eso divide a los españoles”
La historia de la II República española, de la sublevación fascista en su contra, de la guerra civil consiguiente, de la represión, de la humillación de las familias de aquellos republicanos e incluso de la desaparición de los restos de tantos de ellos, es un factor de enorme incidencia en la configuración del alma de izquierdas gestada en el franquismo y en el postfranquismo. Las personas demócratas de hoy somos deudoras de la memoria de aquellas que nos antecedieron. Y esto, no nos cansaremos de decirlo, nada tiene que ver con el odio y sí con una reconciliación basada en la memoria histórica. La historia concreta de la forma en la que desapareció la II República y la manera de instaurarse la actual Monarquía, influyen, sin duda alguna, en el actual republicanismo. Eso no es óbice para que entre los propios republicanos haya quien simpatice con los actuales miembros de la Casa Real. Pero la toma de posición ante el modelo de régimen político, no está relacionada con simpatías o antipatías personales, sino con la historia antes aludida y con algo más aséptico y atemporal, el principio de igualdad ante la ley. Sin duda, hay regímenes monárquicos democráticos y regímenes republicanos autoritarios, pero en sí mismo, en su propia idiosincrasia, es indiscutible que una república puede ser más democrática que una monarquía, aunque no sea más que por el hecho de que sus representantes son elegidos por la población, y no nombrados en razón de su estirpe y apellido. Que sea hereditaria la jefatura de un Estado y de todas las fuerzas militares, no deja de ser un anacronismo herencia de tiempos en los que el linaje determinaba el estatus de cada cual, tiempos afortunadamente superados por la historia. A estas alturas, incluso la vinculación del papel de la monarquía con el proceso de la transición, suena ya obsoleto. Si un buen número de personas de quienes formábamos el censo electoral en el momento del referéndum sobre la Constitución Española, opinamos que se nos hurtó la posibilidad de opinar específicamente sobre el binomio monarquía-república, ¿qué decir de esa amplia franja de la población actual, que ni siquiera tenía entonces edad de votar? No me sorprende que esas personas jóvenes no simpaticen especialmente con la monarquía, tal como revelan los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Si a todo ello le sumamos la impunidad de la figura del monarca, la opacidad sobre el conjunto del presupuesto destinado al mantenimiento de la Monarquía más allá de las dos conocidas partidas presupuestarias que suman algo más de 15 millones de euros, así como la falta de transparencia en el reparto de esos ingresos, los motivos de nuestro republicanismo crecen enteros. Añadamos donaciones que reciben, fundaciones que presiden, herencias, etc. Juan Carlos I poseía en el año 2003 un patrimonio de 1.970 millones de euros (casi 300.000 millones de pesetas) entre cuentas bancarias, inversiones, propiedades y obras de arte, según la revista londinense Eurobusiness. La Casa Real lo desmintió argumentando que se mezclaba fortuna personal y patrimonio nacional que disfrutaba. Puede ser, pero, ¿qué datos tenemos para deslindarlo? Si ya tenemos razones para exigir a gobierno y congresistas que sus ingresos y pensiones no se distancien tanto de la media de quienes les eligen, ¿qué decir de quienes disfrutan patrimonio, inmuebles, bienes e ingresos de todos por el hecho de ser hijas, hijos, hermanos o demás familia de un rey, sin tan siquiera rendir cuentas de todo ello? Al menos, a los primeros, podemos cambiarlos cada cuatro años y los presupuestos y cuentas generales son públicos, pero la monarquía, insisto, es meramente hereditaria y la gestión de sus ingresos totalmente opaca. Pongamos, incluso, que tal como nos dicen, la familia real lo hace bien como mediadora y embajadora, ¿y?, ¿justifica eso suficientemente una monarquía?, ¿qué pasaría si lo hicieran mal, podríamos destituirles? Nuestra opción por la República, no es pues la opción por cualquier república, sino por aquella que herede lo mejor de nuestros antecesores, que aprenda también de sus errores, y que, desde la Memoria y la Reconciliación, rehabilite la dignidad de las y los republicanos represaliados, e insista en la igualdad y la transparencia como principios rectores de la res publica. Una república en la que la ética, la solidaridad, el humanismo, la equidad, la justicia social, sean consustanciales al ejercicio del cargo público, y fuente de inspiración en las relaciones humanas. Donde adquieran pleno sentido los versos de Miguel Hernández:
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
detrás de la ventana.
Será la garra suave.
Dejadme la esperanza.
(Miguel Hernández)
El 21 de marzo se celebraba el día mundial de la poesía, el 28 se cumplían 68 años de la muerte de Miguel Hernández en las cárceles franquistas, y el 14 de abril tiene lugar el 79 aniversario de la proclamación de la II República española, por cuya defensa luchó el poeta del que este año conmemoramos el centenario de su nacimiento. Pertenezco a una generación de aprendices de poeta, que se curtió en el antifranquismo leyendo, entre otros, a Miguel Hernández. Más allá del mito que tantas ansias tienen por desmontar algunos, lo cierto, lo indiscutible, es que el hombre, ese Miguel Hernández de carne y hueso, con aciertos y defectos como el régimen democrático por cuya defensa murió, expiró a los 31 años, entre los muros carceleros del franquismo, como tantos otros jóvenes de su edad. El poeta, todavía vive en los vientos del pueblo y en las nanas de la cebolla, para la libertad. Aunque figure, todavía, en los archivos oficiales, como un rebelde contra el Movimiento franquista, que por ello merecía la pena de muerte. Hace escasos días, el gobierno español entregó a la familia del poeta un documento para rehabilitar su memoria. En el mismo acto, la familia pidió que se anule el proceso que le condenó a muerte. Una familia que, como muchas otras, vivió en la oscuridad durante el franquismo para no ser centro de sus represalias. La historia de la represión y muerte de Miguel Hernández es la historia de muchos otros españoles cuya memoria todavía no ha sido suficientemente rehabilitada, porque, entre otros déficits, tantas décadas después aún siguen en pie las sentencias de aquellos procesos-farsa. No deja de ser un chiste macabro ante esta situación, el hecho de que Garzón resulte encausado por pretender investigar los crímenes del franquismo a instancias de los familiares de desaparecidos durante la dictadura franquista y de cerca de 30 asociaciones vinculadas a la recuperación de la Memoria Histórica. Todo ello, mientras en Navarra UPN todavía se niega a solicitar la anulación de estos juicios “porque eso divide a los españoles”
La historia de la II República española, de la sublevación fascista en su contra, de la guerra civil consiguiente, de la represión, de la humillación de las familias de aquellos republicanos e incluso de la desaparición de los restos de tantos de ellos, es un factor de enorme incidencia en la configuración del alma de izquierdas gestada en el franquismo y en el postfranquismo. Las personas demócratas de hoy somos deudoras de la memoria de aquellas que nos antecedieron. Y esto, no nos cansaremos de decirlo, nada tiene que ver con el odio y sí con una reconciliación basada en la memoria histórica. La historia concreta de la forma en la que desapareció la II República y la manera de instaurarse la actual Monarquía, influyen, sin duda alguna, en el actual republicanismo. Eso no es óbice para que entre los propios republicanos haya quien simpatice con los actuales miembros de la Casa Real. Pero la toma de posición ante el modelo de régimen político, no está relacionada con simpatías o antipatías personales, sino con la historia antes aludida y con algo más aséptico y atemporal, el principio de igualdad ante la ley. Sin duda, hay regímenes monárquicos democráticos y regímenes republicanos autoritarios, pero en sí mismo, en su propia idiosincrasia, es indiscutible que una república puede ser más democrática que una monarquía, aunque no sea más que por el hecho de que sus representantes son elegidos por la población, y no nombrados en razón de su estirpe y apellido. Que sea hereditaria la jefatura de un Estado y de todas las fuerzas militares, no deja de ser un anacronismo herencia de tiempos en los que el linaje determinaba el estatus de cada cual, tiempos afortunadamente superados por la historia. A estas alturas, incluso la vinculación del papel de la monarquía con el proceso de la transición, suena ya obsoleto. Si un buen número de personas de quienes formábamos el censo electoral en el momento del referéndum sobre la Constitución Española, opinamos que se nos hurtó la posibilidad de opinar específicamente sobre el binomio monarquía-república, ¿qué decir de esa amplia franja de la población actual, que ni siquiera tenía entonces edad de votar? No me sorprende que esas personas jóvenes no simpaticen especialmente con la monarquía, tal como revelan los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Si a todo ello le sumamos la impunidad de la figura del monarca, la opacidad sobre el conjunto del presupuesto destinado al mantenimiento de la Monarquía más allá de las dos conocidas partidas presupuestarias que suman algo más de 15 millones de euros, así como la falta de transparencia en el reparto de esos ingresos, los motivos de nuestro republicanismo crecen enteros. Añadamos donaciones que reciben, fundaciones que presiden, herencias, etc. Juan Carlos I poseía en el año 2003 un patrimonio de 1.970 millones de euros (casi 300.000 millones de pesetas) entre cuentas bancarias, inversiones, propiedades y obras de arte, según la revista londinense Eurobusiness. La Casa Real lo desmintió argumentando que se mezclaba fortuna personal y patrimonio nacional que disfrutaba. Puede ser, pero, ¿qué datos tenemos para deslindarlo? Si ya tenemos razones para exigir a gobierno y congresistas que sus ingresos y pensiones no se distancien tanto de la media de quienes les eligen, ¿qué decir de quienes disfrutan patrimonio, inmuebles, bienes e ingresos de todos por el hecho de ser hijas, hijos, hermanos o demás familia de un rey, sin tan siquiera rendir cuentas de todo ello? Al menos, a los primeros, podemos cambiarlos cada cuatro años y los presupuestos y cuentas generales son públicos, pero la monarquía, insisto, es meramente hereditaria y la gestión de sus ingresos totalmente opaca. Pongamos, incluso, que tal como nos dicen, la familia real lo hace bien como mediadora y embajadora, ¿y?, ¿justifica eso suficientemente una monarquía?, ¿qué pasaría si lo hicieran mal, podríamos destituirles? Nuestra opción por la República, no es pues la opción por cualquier república, sino por aquella que herede lo mejor de nuestros antecesores, que aprenda también de sus errores, y que, desde la Memoria y la Reconciliación, rehabilite la dignidad de las y los republicanos represaliados, e insista en la igualdad y la transparencia como principios rectores de la res publica. Una república en la que la ética, la solidaridad, el humanismo, la equidad, la justicia social, sean consustanciales al ejercicio del cargo público, y fuente de inspiración en las relaciones humanas. Donde adquieran pleno sentido los versos de Miguel Hernández:
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
miércoles, 20 de enero de 2010
Haití
Los lamentos ante la catástrofe, no incluyen la autocrítica. El mundo enriquecido llama a la colaboración sin explicar dónde radican las causas de la extrema pobreza del pueblo Haitiano. Haití es un país desmembrado. A lo largo de la historia ha sufrido primero la dominación, la colonización, la esclavitud, y después la deuda externa, la tiranía interna, la corrupción, las invasiones del mundo enriquecido, la deforestación, el desgobierno.
La desigualdad, la pobreza extrema, la insostenibilidad, son partes intrínsecas de un sistema que prima el enriquecimiento de algunos incluso sobre el acceso de la mayoría a los bienes básicos de consumo. El FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, es decir, las instituciones de gestión económica y comercial, pilares de la administración del sistema económico en el que estamos inmersos, imponen condiciones imposibles a los países más pobres, y los empobrecen aún más. A su vez, esta situación perpetúa la de desgobierno, incultura y desestructuración que vive Haití. Ahondar en estas causas, es imprescindible a la hora de entender el actual sufrimiento de Haití tras el terremoto. Un terremoto que en otros lugares del mundo, hubiera producido menos consecuencias trágicas.
Además de la ayuda puntual, de la solidaridad del momento, es precisa la implicación para poner un grano de arena en un cambio tan justo como imprescindible de las estructuras sociales, que muestre la cara más amable de una humanidad cuyos valores quedan en entredicho cuando se mira hacia otro lado en el día a día de las personas más pobres y vulnerables, que constituyen un porcentaje mayoritario en la totalidad de la población mundial.
La desigualdad, la pobreza extrema, la insostenibilidad, son partes intrínsecas de un sistema que prima el enriquecimiento de algunos incluso sobre el acceso de la mayoría a los bienes básicos de consumo. El FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, es decir, las instituciones de gestión económica y comercial, pilares de la administración del sistema económico en el que estamos inmersos, imponen condiciones imposibles a los países más pobres, y los empobrecen aún más. A su vez, esta situación perpetúa la de desgobierno, incultura y desestructuración que vive Haití. Ahondar en estas causas, es imprescindible a la hora de entender el actual sufrimiento de Haití tras el terremoto. Un terremoto que en otros lugares del mundo, hubiera producido menos consecuencias trágicas.
Además de la ayuda puntual, de la solidaridad del momento, es precisa la implicación para poner un grano de arena en un cambio tan justo como imprescindible de las estructuras sociales, que muestre la cara más amable de una humanidad cuyos valores quedan en entredicho cuando se mira hacia otro lado en el día a día de las personas más pobres y vulnerables, que constituyen un porcentaje mayoritario en la totalidad de la población mundial.
el porqué de la moderación de comentarios
Hola, amigas y amigos:
Todavía sin publicitar este blog, que venía siendo exclusivamente un lugar de encuentro con varias personas y conmigo misma, ha habido quien ha intentado boicotearlo. El dogmatismo, la posesión exclusiva de la verdad y la intolerancia de la que hacen gala algunos, me ha obligado a moderar los comentarios. No te limites a la hora de hacerlos. Mi única intención es evitar el boicot. Por lo demás, los comentarios, críticos o afines, serán bienvenidos.
Todavía sin publicitar este blog, que venía siendo exclusivamente un lugar de encuentro con varias personas y conmigo misma, ha habido quien ha intentado boicotearlo. El dogmatismo, la posesión exclusiva de la verdad y la intolerancia de la que hacen gala algunos, me ha obligado a moderar los comentarios. No te limites a la hora de hacerlos. Mi única intención es evitar el boicot. Por lo demás, los comentarios, críticos o afines, serán bienvenidos.
jueves, 26 de noviembre de 2009
Libre
Sin dogmas ni dueños
Ningún catecismo
Ningún absoluto ciñendo mi estancia
Ninguna sentencia juzgando mi mente
Ningún salvador matando mis sueños
Ningún jodevidas cercando la mía.
Alguna certeza
Mucha incertidumbre
Sueños por cumplir
Montones de amigas
Puñados de besos
Ternura a raudales
Ojos de mis niñas
Y tú
Eso es poesía
Sin dogmas ni dueños
Ningún catecismo
Ningún absoluto ciñendo mi estancia
Ninguna sentencia juzgando mi mente
Ningún salvador matando mis sueños
Ningún jodevidas cercando la mía.
Alguna certeza
Mucha incertidumbre
Sueños por cumplir
Montones de amigas
Puñados de besos
Ternura a raudales
Ojos de mis niñas
Y tú
Eso es poesía
lunes, 9 de noviembre de 2009
Corrupción
“Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas” (Rabindranath Tagore)
Para contribuir a que nadie sea aplastado por quien se corrompe en el ejercicio del poder, abordo este artículo, consciente de que la indignación ante la corrupción o conlleva propuestas activas para hacerle frente, o aboca en un mero desprestigio del sistema democrático. Hay causas políticas, psicológicas, sociales, colectivas e individuales en la corrupción. No pretendo encarar aquí tan compleja globalidad, pero sí aportar algunas reflexiones y propuestas.
La corrupción, aunque más intensa en sistemas opacos y antidemocráticos, también se extiende como una plaga en sociedades industriales democráticas, llámense España, Francia, Italia, Inglaterra…, en las que no se educa en los principios éticos de responsabilidad y solidaridad, o donde tales valores no se corresponden con aquello que prima para sobrevivir, sea en el mercado laboral, consumo, escalafones económicos u otros. Es un código ético marcado por las relaciones de producción, donde priman la competitividad, el consumismo, el individualismo y el afán de posesión, mediante un “sálvese quien pueda” que arrastra a quien se interponga en el camino. Esta concepción cala tan hondo que, aparte de la sana y lógica indignación que nos producen los comportamientos corruptos, hay también quienes sufren por no poder acaparar ellos mismos ese poder y privilegios que permitieron a otros el gozo efímero de lujos y derroche. Menciono esto porque, a pesar de que centraré mis propuestas en la labor institucional, es preciso tomar conciencia de que una lucha a fondo contra la corrupción ha de conllevar cambios reglamentarios, planes educacionales, compromisos individuales y colectivos. Es precisa la cohesión moral de la sociedad para poder vencer a la corrupción.
“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía Lord Acton. Y, ciertamente, ¿no es el ansia de poder uno de los factores más determinantes en el hecho de que quien tenga poder lo ejerza corruptamente? De ahí es fácil deducir que la concentración de competencias, léase de poder, puede favorecer la corrupción. A lo largo de las últimas décadas, la Ley de Régimen Local, en lugar de incrementar el poder de los plenos municipales, ha ido restándoles competencias que ha derivado a las alcaldías y juntas de gobierno local. El argumento siempre es el mismo: eficacia. Y en nombre de la eficacia, se desmantelan servicios públicos y se generan servidumbres. Y así en cada una de las Instituciones. Hay quien argumenta que habría que financiar más a los partidos políticos para evitarles la tentación de corromperse. No comparto la propuesta. La clase política está ya demasiado alejada de los ingresos de las clases trabajadoras.
En todo caso, habría que limitar bastante más los gastos electorales y otros. Los partidos políticos harían bien en vigilar atentamente que sus cargos públicos accedan a la política con una buena dosis de altruismo, sin esperar que su cargo les facilite privilegios ni les separe del estatus de vida que disfrutaban previamente a su acceso a las instituciones públicas. En la actualidad, los grandes sindicatos y los partidos políticos en el poder, actúan como redes clientelares y su afiliación se da en buena medida para arrimarse al sol que más calienta. Tráfico de influencias, reparto de prebendas y cargos, y designación de puestos de confianza, están a la orden del día. Pero los pequeños pueden reproducir el mismo esquema si no se empeñan en lo contrario.
El rendimiento de cuentas es consustancial a la propia democracia. Si fuese posible revocar cargos públicos, seguramente más de uno duraría menos de una legislatura. Es preciso buscar fórmulas eficaces para rendir cuentas, incluso económicas. Las pocas que existen hoy día no lo son tal como funcionan actualmente. O las declaraciones de bienes alcanzan, al menos, al núcleo familiar del cargo público, o generan descrédito. Puede que la declaración de bienes que publicaron los miembros del gobierno español fuese totalmente cierta, pero levantó en la gente un rictus de sospecha. Nadie se fía. En estas declaraciones, como en el IRPF, las más ciertas son las de quienes cobran una nómina, no pueden poner al nombre de su pareja los bienes propios, y no tienen posibilidad de utilizar subterfugios que escapan al control del Estado. Sería deseable que se alcanzase un gran Pacto Anticorrupción que abordara estos asuntos entre otros, y que incluyese la destitución inmediata, sin titubeos, de cualquier cargo imputado, procesado o condenado por la justicia.
Los lindes de corrupción y legalidad no están siempre absolutamente claros. Hay algunos regalos, modos de tráficos de influencias y clientelismos que no se recogen en el Código Penal. Por otra parte, no está penalizado ni se considera corrupción, por ejemplo, el hecho de que la o el político medio de un parlamento obtenga un salario netamente superior al de un trabajador medio de su entorno, tampoco que los diputados que alcancen 11 años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima. Pero algo hay de corrupto en esas decisiones que alejan tanto las condiciones laborales de quienes se dedican a la alta política, de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Si además echamos un vistazo a los puestos enormemente remunerados que se les ofrece a ex presidentes, ex ministras o ministros y otros ex, tendremos una visión panorámica lo suficientemente amplia como para sospechar que, demasiado a menudo, el cargo público se ejerce fundamentalmente en beneficio propio. ¿No es eso lo que define la corrupción? Hay, sin embargo, numerosas concejalas y concejales que llevan a cabo su labor sin cobrar salarios de escándalo e incluso sin cotizar por ello a la seguridad social. Pero su generosidad se ve oscurecida por pequeñas prerrogativas, tales como entrada gratuita a espectáculos, comidas innecesarias, lugares reservados, trajes de etiqueta u otras cuestiones que, aunque no sean de mucha entidad, anuncian una supuesta carrera política en la que cada vez será mayor la diferencia entre su estatus y el de otras personas trabajadoras. El tinte de privilegio que adquiere el salario de cualquier cargo desde la alcaldía hacia arriba, acaba empañando la labor de todo el estamento político.
Si toda persona es susceptible de corromperse, parece obvio que deberían tomarse medidas para que quien ejerza poder encuentre trabas para acapararlo y abusar de él. Una cuestión básica en tal sentido, es ofrecer herramientas claras y sencillas de fiscalización. No hablo tan solo de auditorías; hablo también de sistemas contables transparentes, asequibles, accesibles al público; de información puntual y universal, de gestión directa, evitando al máximo la indirecta salvo que entren en juego empresas de carácter social. Se crean un exceso de empresas públicas, entes empresariales, fundaciones, institutos y muchos otros organismos que escapan a la rutina del control municipal o parlamentario y que son dirigidos, en su inmensa mayoría, por cargos de confianza, gerentes designados a conveniencia del político de turno. Si a esto le unimos la dirección de las distintas áreas de una institución, mediante nombramientos directos, sin oposición ni debate, el vínculo entre política y administración, resulta peligrosamente estrecho. Fiscalización y forma de gestión van muy unidas. Y al hablar de fiscalización, no solamente me refiero a los cargos públicos en la oposición cuya principal labor es precisamente esa, fiscalizar al gobierno, sino también a la ciudadanía. Facilitar y alentar la participación ciudadana en todas sus funciones, incluyendo la fiscalización, es velar por la democracia y la no corrupción.
Capitulo aparte merece la gestión urbanística. Mientras la participación ciudadana en la planificación urbana brilla por su ausencia, los planes generales de urbanismo se modelan frecuentemente al gusto de los intereses de las grandes constructoras e inmobiliarias, siendo la iniciativa privada la que diseña en la práctica la ciudad. Recalificaciones, modificaciones de planes generales, permutas y otras delicadas actuaciones urbanísticas, tendrían que investigarse de oficio cuando se llevan a cabo con frecuencia inusitada. Deben suponer la excepción y no la norma, y exigen un riguroso control, justificación y transparencia. Tienen que evitarse las recalificaciones de suelo no urbanizable y eliminarse los convenios urbanísticos que, a menudo, son meras compraventas de recalificaciones urbanísticas. Ninguna mesa de contratación debería estar participada solo por políticos del gobierno en cuestión; la presencia de la oposición es fundamental, e imprescindible es la de técnicos de intervención y técnicos especialistas en la materia o servicio a contratar. Los cargos de libre designación, no deben participar en ninguna mesa. Lo mismo sirve para cualquier tipo de concurso público. Cualquier persona ha de poder tener acceso a las transacciones públicas. Y, por supuesto, tienen que arbitrarse procedimientos de participación ciudadana en la planificación urbanística. Pero participación real y no comparsa para avalar proyectos en marcha.
Para luchar contra la corrupción no se trata de crear un exceso de normativa que ahogue la actividad institucional. Al contrario. Precisamente ese exceso da pie, en ocasiones, a tráfico de influencias y compra de voluntades para aligerar trámites y salir del último puesto de una pila de solicitudes. Se trata de reglamentar bien, de forma transparente y accesible, de limitar el poder de los políticos y altos cargos designados por ellos, de diversificarlo, controlarlo y participarlo. En todo este procedimiento, también hay que arbitrar medidas para que empresas y entidades bancarias no colaboren con la corrupción ni sean parte ineludible de su entramado. Y, por supuesto, es preciso evitar la impunidad ante el delito. La impunidad daña conciencias y aplaude el modelo corrupto. Lo primero, ha de ser obligar a devolver el dinero robado, como condición sine qua non. Además, hay que arbitrar sanciones jurídicas de acuerdo a la entidad del delito. Las sanciones sociales, la vergüenza pública, se impone por sí misma. La información juega, en este sentido, un importante papel. Sin embargo, es preciso decir que la manera de informar también cuenta. Si se frivoliza y prima el escándalo y el amarillismo sobre la información veraz, gana el espectáculo y pierde la conciencia. Lo mismo cabe decir de la utilización partidista de la denuncia de la corrupción.
Puede que, una vez más, haya quien diga que este es un discurso utópico. Pero no hay en él un ápice de irrealidad. Algunas de las medidas, por ejemplo, las de evitar al máximo los cargos de libre designación, se aplican con rigor en países nórdicos que figuran entre los menos corruptos del mundo. Otras, funcionan en lugares diversos. Y algunas, forman parte de ese necesario mundo por inventar. El escepticismo es el enemigo número uno de la acción, del cambio, del avance. Más allá de las medidas concretas, lo que cuenta fundamentalmente es la actitud, el compromiso moral y ético. Si me preguntan cómo es posible así hacer frente a la corrupción, además de contarles las medidas propuestas y otras que quedan en el tintero, les diré lo que Albert Camus en La Peste: “Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad”.
Para contribuir a que nadie sea aplastado por quien se corrompe en el ejercicio del poder, abordo este artículo, consciente de que la indignación ante la corrupción o conlleva propuestas activas para hacerle frente, o aboca en un mero desprestigio del sistema democrático. Hay causas políticas, psicológicas, sociales, colectivas e individuales en la corrupción. No pretendo encarar aquí tan compleja globalidad, pero sí aportar algunas reflexiones y propuestas.
La corrupción, aunque más intensa en sistemas opacos y antidemocráticos, también se extiende como una plaga en sociedades industriales democráticas, llámense España, Francia, Italia, Inglaterra…, en las que no se educa en los principios éticos de responsabilidad y solidaridad, o donde tales valores no se corresponden con aquello que prima para sobrevivir, sea en el mercado laboral, consumo, escalafones económicos u otros. Es un código ético marcado por las relaciones de producción, donde priman la competitividad, el consumismo, el individualismo y el afán de posesión, mediante un “sálvese quien pueda” que arrastra a quien se interponga en el camino. Esta concepción cala tan hondo que, aparte de la sana y lógica indignación que nos producen los comportamientos corruptos, hay también quienes sufren por no poder acaparar ellos mismos ese poder y privilegios que permitieron a otros el gozo efímero de lujos y derroche. Menciono esto porque, a pesar de que centraré mis propuestas en la labor institucional, es preciso tomar conciencia de que una lucha a fondo contra la corrupción ha de conllevar cambios reglamentarios, planes educacionales, compromisos individuales y colectivos. Es precisa la cohesión moral de la sociedad para poder vencer a la corrupción.
“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía Lord Acton. Y, ciertamente, ¿no es el ansia de poder uno de los factores más determinantes en el hecho de que quien tenga poder lo ejerza corruptamente? De ahí es fácil deducir que la concentración de competencias, léase de poder, puede favorecer la corrupción. A lo largo de las últimas décadas, la Ley de Régimen Local, en lugar de incrementar el poder de los plenos municipales, ha ido restándoles competencias que ha derivado a las alcaldías y juntas de gobierno local. El argumento siempre es el mismo: eficacia. Y en nombre de la eficacia, se desmantelan servicios públicos y se generan servidumbres. Y así en cada una de las Instituciones. Hay quien argumenta que habría que financiar más a los partidos políticos para evitarles la tentación de corromperse. No comparto la propuesta. La clase política está ya demasiado alejada de los ingresos de las clases trabajadoras.
En todo caso, habría que limitar bastante más los gastos electorales y otros. Los partidos políticos harían bien en vigilar atentamente que sus cargos públicos accedan a la política con una buena dosis de altruismo, sin esperar que su cargo les facilite privilegios ni les separe del estatus de vida que disfrutaban previamente a su acceso a las instituciones públicas. En la actualidad, los grandes sindicatos y los partidos políticos en el poder, actúan como redes clientelares y su afiliación se da en buena medida para arrimarse al sol que más calienta. Tráfico de influencias, reparto de prebendas y cargos, y designación de puestos de confianza, están a la orden del día. Pero los pequeños pueden reproducir el mismo esquema si no se empeñan en lo contrario.
El rendimiento de cuentas es consustancial a la propia democracia. Si fuese posible revocar cargos públicos, seguramente más de uno duraría menos de una legislatura. Es preciso buscar fórmulas eficaces para rendir cuentas, incluso económicas. Las pocas que existen hoy día no lo son tal como funcionan actualmente. O las declaraciones de bienes alcanzan, al menos, al núcleo familiar del cargo público, o generan descrédito. Puede que la declaración de bienes que publicaron los miembros del gobierno español fuese totalmente cierta, pero levantó en la gente un rictus de sospecha. Nadie se fía. En estas declaraciones, como en el IRPF, las más ciertas son las de quienes cobran una nómina, no pueden poner al nombre de su pareja los bienes propios, y no tienen posibilidad de utilizar subterfugios que escapan al control del Estado. Sería deseable que se alcanzase un gran Pacto Anticorrupción que abordara estos asuntos entre otros, y que incluyese la destitución inmediata, sin titubeos, de cualquier cargo imputado, procesado o condenado por la justicia.
Los lindes de corrupción y legalidad no están siempre absolutamente claros. Hay algunos regalos, modos de tráficos de influencias y clientelismos que no se recogen en el Código Penal. Por otra parte, no está penalizado ni se considera corrupción, por ejemplo, el hecho de que la o el político medio de un parlamento obtenga un salario netamente superior al de un trabajador medio de su entorno, tampoco que los diputados que alcancen 11 años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima. Pero algo hay de corrupto en esas decisiones que alejan tanto las condiciones laborales de quienes se dedican a la alta política, de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Si además echamos un vistazo a los puestos enormemente remunerados que se les ofrece a ex presidentes, ex ministras o ministros y otros ex, tendremos una visión panorámica lo suficientemente amplia como para sospechar que, demasiado a menudo, el cargo público se ejerce fundamentalmente en beneficio propio. ¿No es eso lo que define la corrupción? Hay, sin embargo, numerosas concejalas y concejales que llevan a cabo su labor sin cobrar salarios de escándalo e incluso sin cotizar por ello a la seguridad social. Pero su generosidad se ve oscurecida por pequeñas prerrogativas, tales como entrada gratuita a espectáculos, comidas innecesarias, lugares reservados, trajes de etiqueta u otras cuestiones que, aunque no sean de mucha entidad, anuncian una supuesta carrera política en la que cada vez será mayor la diferencia entre su estatus y el de otras personas trabajadoras. El tinte de privilegio que adquiere el salario de cualquier cargo desde la alcaldía hacia arriba, acaba empañando la labor de todo el estamento político.
Si toda persona es susceptible de corromperse, parece obvio que deberían tomarse medidas para que quien ejerza poder encuentre trabas para acapararlo y abusar de él. Una cuestión básica en tal sentido, es ofrecer herramientas claras y sencillas de fiscalización. No hablo tan solo de auditorías; hablo también de sistemas contables transparentes, asequibles, accesibles al público; de información puntual y universal, de gestión directa, evitando al máximo la indirecta salvo que entren en juego empresas de carácter social. Se crean un exceso de empresas públicas, entes empresariales, fundaciones, institutos y muchos otros organismos que escapan a la rutina del control municipal o parlamentario y que son dirigidos, en su inmensa mayoría, por cargos de confianza, gerentes designados a conveniencia del político de turno. Si a esto le unimos la dirección de las distintas áreas de una institución, mediante nombramientos directos, sin oposición ni debate, el vínculo entre política y administración, resulta peligrosamente estrecho. Fiscalización y forma de gestión van muy unidas. Y al hablar de fiscalización, no solamente me refiero a los cargos públicos en la oposición cuya principal labor es precisamente esa, fiscalizar al gobierno, sino también a la ciudadanía. Facilitar y alentar la participación ciudadana en todas sus funciones, incluyendo la fiscalización, es velar por la democracia y la no corrupción.
Capitulo aparte merece la gestión urbanística. Mientras la participación ciudadana en la planificación urbana brilla por su ausencia, los planes generales de urbanismo se modelan frecuentemente al gusto de los intereses de las grandes constructoras e inmobiliarias, siendo la iniciativa privada la que diseña en la práctica la ciudad. Recalificaciones, modificaciones de planes generales, permutas y otras delicadas actuaciones urbanísticas, tendrían que investigarse de oficio cuando se llevan a cabo con frecuencia inusitada. Deben suponer la excepción y no la norma, y exigen un riguroso control, justificación y transparencia. Tienen que evitarse las recalificaciones de suelo no urbanizable y eliminarse los convenios urbanísticos que, a menudo, son meras compraventas de recalificaciones urbanísticas. Ninguna mesa de contratación debería estar participada solo por políticos del gobierno en cuestión; la presencia de la oposición es fundamental, e imprescindible es la de técnicos de intervención y técnicos especialistas en la materia o servicio a contratar. Los cargos de libre designación, no deben participar en ninguna mesa. Lo mismo sirve para cualquier tipo de concurso público. Cualquier persona ha de poder tener acceso a las transacciones públicas. Y, por supuesto, tienen que arbitrarse procedimientos de participación ciudadana en la planificación urbanística. Pero participación real y no comparsa para avalar proyectos en marcha.
Para luchar contra la corrupción no se trata de crear un exceso de normativa que ahogue la actividad institucional. Al contrario. Precisamente ese exceso da pie, en ocasiones, a tráfico de influencias y compra de voluntades para aligerar trámites y salir del último puesto de una pila de solicitudes. Se trata de reglamentar bien, de forma transparente y accesible, de limitar el poder de los políticos y altos cargos designados por ellos, de diversificarlo, controlarlo y participarlo. En todo este procedimiento, también hay que arbitrar medidas para que empresas y entidades bancarias no colaboren con la corrupción ni sean parte ineludible de su entramado. Y, por supuesto, es preciso evitar la impunidad ante el delito. La impunidad daña conciencias y aplaude el modelo corrupto. Lo primero, ha de ser obligar a devolver el dinero robado, como condición sine qua non. Además, hay que arbitrar sanciones jurídicas de acuerdo a la entidad del delito. Las sanciones sociales, la vergüenza pública, se impone por sí misma. La información juega, en este sentido, un importante papel. Sin embargo, es preciso decir que la manera de informar también cuenta. Si se frivoliza y prima el escándalo y el amarillismo sobre la información veraz, gana el espectáculo y pierde la conciencia. Lo mismo cabe decir de la utilización partidista de la denuncia de la corrupción.
Puede que, una vez más, haya quien diga que este es un discurso utópico. Pero no hay en él un ápice de irrealidad. Algunas de las medidas, por ejemplo, las de evitar al máximo los cargos de libre designación, se aplican con rigor en países nórdicos que figuran entre los menos corruptos del mundo. Otras, funcionan en lugares diversos. Y algunas, forman parte de ese necesario mundo por inventar. El escepticismo es el enemigo número uno de la acción, del cambio, del avance. Más allá de las medidas concretas, lo que cuenta fundamentalmente es la actitud, el compromiso moral y ético. Si me preguntan cómo es posible así hacer frente a la corrupción, además de contarles las medidas propuestas y otras que quedan en el tintero, les diré lo que Albert Camus en La Peste: “Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad”.
martes, 20 de octubre de 2009
¿Adónde vas? manzanas traigo
Es señal de opacidad política e intolerancia, confundir con acoso y derribo una mera crítica. PSN optó por pactar con UPN y la Sra. Puyo, en vez de arremeter personalmente contra nuestra portavoz ni darnos lecciones de democracia, ha de tener cintura para asumir las críticas que de tal opción pueden derivarse. Nuestras críticas al PSN en los largos años que lleva sin gobernar en Tudela, se han centrado en su cambio de posición respecto al polígono de tiro de las Bardenas, en su pacto presupuestario con UPN, y en su artificial oposición en tales condiciones. Nuestra disposición a un entendimiento de todas las izquierdas, no debe acallar críticas concretas como las antes mencionadas. Apostamos por un trabajo unitario de izquierdas. Ha sido el PSN quien, en su derecho, no ha querido presentar mociones conjuntas como hicimos en la legislatura anterior por iniciativa nuestra. Sin que sus votos fuesen necesarios para aprobar el presupuesto, puesto que UPN ostenta la alcaldía en Tudela por mayoría absoluta, PSN eligió pactar con UPN unas cuentas que suponen el desarrollo del programa político de UPN aderezado con algunas guindas socialistas. Es falso que nuestro grupo no quisiera hacer aportaciones presupuestarias. Las hacemos constantemente desde nuestra oposición, y unas cuantas constan dentro del pacto UPN-PSN como si fueran suyas, si bien son insuficientes para contrarrestar nuestros desacuerdos con el resto de las cuentas.
La Sra. Puyo responde bien al dicho ¿Adónde vas? Manzanas traigo, aludiendo a la Ley de Símbolos si le hablamos del comedor social, o a ETA si le hablamos del Servicio de Atención Domiciliaria. Se permite poner en duda nuestro sentido democrático dejando al descubierto la burda utilización de asunto de tanto calado como la necesaria unidad frente al terror, cuestión en la que hemos de trabajar en común hasta lograr que no haya ninguna persona amenazada ni extorsionada. Conoce de primera mano la Sra. Puyo que el grupo municipal de Na Bai en Tudela ha aprobado junto con PSN y UPN las condenas de atentados en todos sus términos, y habla como si lo ignorase, mostrando con ello una posición política poco decorosa.
Por último, afirma Puyo que a juzgar por nuestra trayectoria de 30 años en Tudela, nunca tendremos responsabilidad de gobierno. Sería deseable que controlase su arrogancia. Sin jugar a videntes, le diremos que no nos obsesiona el poder, sino el hacer. No crea la, Sra. Puyo que nosotras no conocemos los atajos que llevan rápidamente al gobierno y al reparto de cargos altamente remunerados. Nuestra disposición a lograr un cambio real, que mire hacia la izquierda en Tudela y en Navarra, cambio para el cual hacemos falta todos, PSN, Na Bai y otras fuerzas políticas de nuestra Comunidad, sigue en pie a pesar de salidas de tono como la mostrada por la Sra. Puyo. Y cuando se den las condiciones, el PSN encontrará abierta nuestra mano. Hoy la tendemos para hacer oposición constructiva. Quizás estos tiempos preelectorales les ayuden en esa dirección y su pacto con UPN no se reedite. Quién sabe.
Milagros Rubio y Ana María Ruiz,
La Sra. Puyo responde bien al dicho ¿Adónde vas? Manzanas traigo, aludiendo a la Ley de Símbolos si le hablamos del comedor social, o a ETA si le hablamos del Servicio de Atención Domiciliaria. Se permite poner en duda nuestro sentido democrático dejando al descubierto la burda utilización de asunto de tanto calado como la necesaria unidad frente al terror, cuestión en la que hemos de trabajar en común hasta lograr que no haya ninguna persona amenazada ni extorsionada. Conoce de primera mano la Sra. Puyo que el grupo municipal de Na Bai en Tudela ha aprobado junto con PSN y UPN las condenas de atentados en todos sus términos, y habla como si lo ignorase, mostrando con ello una posición política poco decorosa.
Por último, afirma Puyo que a juzgar por nuestra trayectoria de 30 años en Tudela, nunca tendremos responsabilidad de gobierno. Sería deseable que controlase su arrogancia. Sin jugar a videntes, le diremos que no nos obsesiona el poder, sino el hacer. No crea la, Sra. Puyo que nosotras no conocemos los atajos que llevan rápidamente al gobierno y al reparto de cargos altamente remunerados. Nuestra disposición a lograr un cambio real, que mire hacia la izquierda en Tudela y en Navarra, cambio para el cual hacemos falta todos, PSN, Na Bai y otras fuerzas políticas de nuestra Comunidad, sigue en pie a pesar de salidas de tono como la mostrada por la Sra. Puyo. Y cuando se den las condiciones, el PSN encontrará abierta nuestra mano. Hoy la tendemos para hacer oposición constructiva. Quizás estos tiempos preelectorales les ayuden en esa dirección y su pacto con UPN no se reedite. Quién sabe.
Milagros Rubio y Ana María Ruiz,
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