el porqué de la moderación de comentarios

Hola, amigas y amigos:

Todavía sin publicitar este blog, que venía siendo exclusivamente un lugar de encuentro con varias personas y conmigo misma, ha habido quien ha intentado boicotearlo. El dogmatismo, la posesión exclusiva de la verdad y la intolerancia de la que hacen gala algunos, me ha obligado a moderar los comentarios. No te limites a la hora de hacerlos. Mi única intención es evitar el boicot. Por lo demás, los comentarios, críticos o afines, serán bienvenidos.

Libre
Sin dogmas ni dueños
Ningún catecismo
Ningún absoluto ciñendo mi estancia
Ninguna sentencia juzgando mi mente
Ningún salvador matando mis sueños
Ningún jodevidas cercando la mía.

Alguna certeza
Mucha incertidumbre
Sueños por cumplir
Montones de amigas
Puñados de besos
Ternura a raudales
Ojos de mis niñas
Y tú

Eso es poesía

Corrupción

“Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas” (Rabindranath Tagore)

Para contribuir a que nadie sea aplastado por quien se corrompe en el ejercicio del poder, abordo este artículo, consciente de que la indignación ante la corrupción o conlleva propuestas activas para hacerle frente, o aboca en un mero desprestigio del sistema democrático. Hay causas políticas, psicológicas, sociales, colectivas e individuales en la corrupción. No pretendo encarar aquí tan compleja globalidad, pero sí aportar algunas reflexiones y propuestas.

La corrupción, aunque más intensa en sistemas opacos y antidemocráticos, también se extiende como una plaga en sociedades industriales democráticas, llámense España, Francia, Italia, Inglaterra…, en las que no se educa en los principios éticos de responsabilidad y solidaridad, o donde tales valores no se corresponden con aquello que prima para sobrevivir, sea en el mercado laboral, consumo, escalafones económicos u otros. Es un código ético marcado por las relaciones de producción, donde priman la competitividad, el consumismo, el individualismo y el afán de posesión, mediante un “sálvese quien pueda” que arrastra a quien se interponga en el camino. Esta concepción cala tan hondo que, aparte de la sana y lógica indignación que nos producen los comportamientos corruptos, hay también quienes sufren por no poder acaparar ellos mismos ese poder y privilegios que permitieron a otros el gozo efímero de lujos y derroche. Menciono esto porque, a pesar de que centraré mis propuestas en la labor institucional, es preciso tomar conciencia de que una lucha a fondo contra la corrupción ha de conllevar cambios reglamentarios, planes educacionales, compromisos individuales y colectivos. Es precisa la cohesión moral de la sociedad para poder vencer a la corrupción.

“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía Lord Acton. Y, ciertamente, ¿no es el ansia de poder uno de los factores más determinantes en el hecho de que quien tenga poder lo ejerza corruptamente? De ahí es fácil deducir que la concentración de competencias, léase de poder, puede favorecer la corrupción. A lo largo de las últimas décadas, la Ley de Régimen Local, en lugar de incrementar el poder de los plenos municipales, ha ido restándoles competencias que ha derivado a las alcaldías y juntas de gobierno local. El argumento siempre es el mismo: eficacia. Y en nombre de la eficacia, se desmantelan servicios públicos y se generan servidumbres. Y así en cada una de las Instituciones. Hay quien argumenta que habría que financiar más a los partidos políticos para evitarles la tentación de corromperse. No comparto la propuesta. La clase política está ya demasiado alejada de los ingresos de las clases trabajadoras.

En todo caso, habría que limitar bastante más los gastos electorales y otros. Los partidos políticos harían bien en vigilar atentamente que sus cargos públicos accedan a la política con una buena dosis de altruismo, sin esperar que su cargo les facilite privilegios ni les separe del estatus de vida que disfrutaban previamente a su acceso a las instituciones públicas. En la actualidad, los grandes sindicatos y los partidos políticos en el poder, actúan como redes clientelares y su afiliación se da en buena medida para arrimarse al sol que más calienta. Tráfico de influencias, reparto de prebendas y cargos, y designación de puestos de confianza, están a la orden del día. Pero los pequeños pueden reproducir el mismo esquema si no se empeñan en lo contrario.

El rendimiento de cuentas es consustancial a la propia democracia. Si fuese posible revocar cargos públicos, seguramente más de uno duraría menos de una legislatura. Es preciso buscar fórmulas eficaces para rendir cuentas, incluso económicas. Las pocas que existen hoy día no lo son tal como funcionan actualmente. O las declaraciones de bienes alcanzan, al menos, al núcleo familiar del cargo público, o generan descrédito. Puede que la declaración de bienes que publicaron los miembros del gobierno español fuese totalmente cierta, pero levantó en la gente un rictus de sospecha. Nadie se fía. En estas declaraciones, como en el IRPF, las más ciertas son las de quienes cobran una nómina, no pueden poner al nombre de su pareja los bienes propios, y no tienen posibilidad de utilizar subterfugios que escapan al control del Estado. Sería deseable que se alcanzase un gran Pacto Anticorrupción que abordara estos asuntos entre otros, y que incluyese la destitución inmediata, sin titubeos, de cualquier cargo imputado, procesado o condenado por la justicia.

Los lindes de corrupción y legalidad no están siempre absolutamente claros. Hay algunos regalos, modos de tráficos de influencias y clientelismos que no se recogen en el Código Penal. Por otra parte, no está penalizado ni se considera corrupción, por ejemplo, el hecho de que la o el político medio de un parlamento obtenga un salario netamente superior al de un trabajador medio de su entorno, tampoco que los diputados que alcancen 11 años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima. Pero algo hay de corrupto en esas decisiones que alejan tanto las condiciones laborales de quienes se dedican a la alta política, de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Si además echamos un vistazo a los puestos enormemente remunerados que se les ofrece a ex presidentes, ex ministras o ministros y otros ex, tendremos una visión panorámica lo suficientemente amplia como para sospechar que, demasiado a menudo, el cargo público se ejerce fundamentalmente en beneficio propio. ¿No es eso lo que define la corrupción? Hay, sin embargo, numerosas concejalas y concejales que llevan a cabo su labor sin cobrar salarios de escándalo e incluso sin cotizar por ello a la seguridad social. Pero su generosidad se ve oscurecida por pequeñas prerrogativas, tales como entrada gratuita a espectáculos, comidas innecesarias, lugares reservados, trajes de etiqueta u otras cuestiones que, aunque no sean de mucha entidad, anuncian una supuesta carrera política en la que cada vez será mayor la diferencia entre su estatus y el de otras personas trabajadoras. El tinte de privilegio que adquiere el salario de cualquier cargo desde la alcaldía hacia arriba, acaba empañando la labor de todo el estamento político.

Si toda persona es susceptible de corromperse, parece obvio que deberían tomarse medidas para que quien ejerza poder encuentre trabas para acapararlo y abusar de él. Una cuestión básica en tal sentido, es ofrecer herramientas claras y sencillas de fiscalización. No hablo tan solo de auditorías; hablo también de sistemas contables transparentes, asequibles, accesibles al público; de información puntual y universal, de gestión directa, evitando al máximo la indirecta salvo que entren en juego empresas de carácter social. Se crean un exceso de empresas públicas, entes empresariales, fundaciones, institutos y muchos otros organismos que escapan a la rutina del control municipal o parlamentario y que son dirigidos, en su inmensa mayoría, por cargos de confianza, gerentes designados a conveniencia del político de turno. Si a esto le unimos la dirección de las distintas áreas de una institución, mediante nombramientos directos, sin oposición ni debate, el vínculo entre política y administración, resulta peligrosamente estrecho. Fiscalización y forma de gestión van muy unidas. Y al hablar de fiscalización, no solamente me refiero a los cargos públicos en la oposición cuya principal labor es precisamente esa, fiscalizar al gobierno, sino también a la ciudadanía. Facilitar y alentar la participación ciudadana en todas sus funciones, incluyendo la fiscalización, es velar por la democracia y la no corrupción.

Capitulo aparte merece la gestión urbanística. Mientras la participación ciudadana en la planificación urbana brilla por su ausencia, los planes generales de urbanismo se modelan frecuentemente al gusto de los intereses de las grandes constructoras e inmobiliarias, siendo la iniciativa privada la que diseña en la práctica la ciudad. Recalificaciones, modificaciones de planes generales, permutas y otras delicadas actuaciones urbanísticas, tendrían que investigarse de oficio cuando se llevan a cabo con frecuencia inusitada. Deben suponer la excepción y no la norma, y exigen un riguroso control, justificación y transparencia. Tienen que evitarse las recalificaciones de suelo no urbanizable y eliminarse los convenios urbanísticos que, a menudo, son meras compraventas de recalificaciones urbanísticas. Ninguna mesa de contratación debería estar participada solo por políticos del gobierno en cuestión; la presencia de la oposición es fundamental, e imprescindible es la de técnicos de intervención y técnicos especialistas en la materia o servicio a contratar. Los cargos de libre designación, no deben participar en ninguna mesa. Lo mismo sirve para cualquier tipo de concurso público. Cualquier persona ha de poder tener acceso a las transacciones públicas. Y, por supuesto, tienen que arbitrarse procedimientos de participación ciudadana en la planificación urbanística. Pero participación real y no comparsa para avalar proyectos en marcha.

Para luchar contra la corrupción no se trata de crear un exceso de normativa que ahogue la actividad institucional. Al contrario. Precisamente ese exceso da pie, en ocasiones, a tráfico de influencias y compra de voluntades para aligerar trámites y salir del último puesto de una pila de solicitudes. Se trata de reglamentar bien, de forma transparente y accesible, de limitar el poder de los políticos y altos cargos designados por ellos, de diversificarlo, controlarlo y participarlo. En todo este procedimiento, también hay que arbitrar medidas para que empresas y entidades bancarias no colaboren con la corrupción ni sean parte ineludible de su entramado. Y, por supuesto, es preciso evitar la impunidad ante el delito. La impunidad daña conciencias y aplaude el modelo corrupto. Lo primero, ha de ser obligar a devolver el dinero robado, como condición sine qua non. Además, hay que arbitrar sanciones jurídicas de acuerdo a la entidad del delito. Las sanciones sociales, la vergüenza pública, se impone por sí misma. La información juega, en este sentido, un importante papel. Sin embargo, es preciso decir que la manera de informar también cuenta. Si se frivoliza y prima el escándalo y el amarillismo sobre la información veraz, gana el espectáculo y pierde la conciencia. Lo mismo cabe decir de la utilización partidista de la denuncia de la corrupción.

Puede que, una vez más, haya quien diga que este es un discurso utópico. Pero no hay en él un ápice de irrealidad. Algunas de las medidas, por ejemplo, las de evitar al máximo los cargos de libre designación, se aplican con rigor en países nórdicos que figuran entre los menos corruptos del mundo. Otras, funcionan en lugares diversos. Y algunas, forman parte de ese necesario mundo por inventar. El escepticismo es el enemigo número uno de la acción, del cambio, del avance. Más allá de las medidas concretas, lo que cuenta fundamentalmente es la actitud, el compromiso moral y ético. Si me preguntan cómo es posible así hacer frente a la corrupción, además de contarles las medidas propuestas y otras que quedan en el tintero, les diré lo que Albert Camus en La Peste: “Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad”.

¿Adónde vas? manzanas traigo

Es señal de opacidad política e intolerancia, confundir con acoso y derribo una mera crítica. PSN optó por pactar con UPN y la Sra. Puyo, en vez de arremeter personalmente contra nuestra portavoz ni darnos lecciones de democracia, ha de tener cintura para asumir las críticas que de tal opción pueden derivarse. Nuestras críticas al PSN en los largos años que lleva sin gobernar en Tudela, se han centrado en su cambio de posición respecto al polígono de tiro de las Bardenas, en su pacto presupuestario con UPN, y en su artificial oposición en tales condiciones. Nuestra disposición a un entendimiento de todas las izquierdas, no debe acallar críticas concretas como las antes mencionadas. Apostamos por un trabajo unitario de izquierdas. Ha sido el PSN quien, en su derecho, no ha querido presentar mociones conjuntas como hicimos en la legislatura anterior por iniciativa nuestra. Sin que sus votos fuesen necesarios para aprobar el presupuesto, puesto que UPN ostenta la alcaldía en Tudela por mayoría absoluta, PSN eligió pactar con UPN unas cuentas que suponen el desarrollo del programa político de UPN aderezado con algunas guindas socialistas. Es falso que nuestro grupo no quisiera hacer aportaciones presupuestarias. Las hacemos constantemente desde nuestra oposición, y unas cuantas constan dentro del pacto UPN-PSN como si fueran suyas, si bien son insuficientes para contrarrestar nuestros desacuerdos con el resto de las cuentas.

La Sra. Puyo responde bien al dicho ¿Adónde vas? Manzanas traigo, aludiendo a la Ley de Símbolos si le hablamos del comedor social, o a ETA si le hablamos del Servicio de Atención Domiciliaria. Se permite poner en duda nuestro sentido democrático dejando al descubierto la burda utilización de asunto de tanto calado como la necesaria unidad frente al terror, cuestión en la que hemos de trabajar en común hasta lograr que no haya ninguna persona amenazada ni extorsionada. Conoce de primera mano la Sra. Puyo que el grupo municipal de Na Bai en Tudela ha aprobado junto con PSN y UPN las condenas de atentados en todos sus términos, y habla como si lo ignorase, mostrando con ello una posición política poco decorosa.

Por último, afirma Puyo que a juzgar por nuestra trayectoria de 30 años en Tudela, nunca tendremos responsabilidad de gobierno. Sería deseable que controlase su arrogancia. Sin jugar a videntes, le diremos que no nos obsesiona el poder, sino el hacer. No crea la, Sra. Puyo que nosotras no conocemos los atajos que llevan rápidamente al gobierno y al reparto de cargos altamente remunerados. Nuestra disposición a lograr un cambio real, que mire hacia la izquierda en Tudela y en Navarra, cambio para el cual hacemos falta todos, PSN, Na Bai y otras fuerzas políticas de nuestra Comunidad, sigue en pie a pesar de salidas de tono como la mostrada por la Sra. Puyo. Y cuando se den las condiciones, el PSN encontrará abierta nuestra mano. Hoy la tendemos para hacer oposición constructiva. Quizás estos tiempos preelectorales les ayuden en esa dirección y su pacto con UPN no se reedite. Quién sabe.

Milagros Rubio y Ana María Ruiz,

A MIGUEL HERNÁNDEZ EN SU AGONÍA Y ABANDONO

Si sientes el dolor en tus confines
Afilando la noche y los cuchillos
Hasta dar con el vientre en los nudillos
Del muro impenitente de tus fines

Si no hay morfina dulce en tus jardines
Ni cierran tus heridas los pestillos
Que cubran en caricias y tomillos
El mítico sendero en que camines

Aférrate a mis besos y a mi luna
Que yo te curaré a golpe de cielo
Y te desearé como a ninguna

Amada criatura aquí en el suelo
Que haya sido elegida una a una
Para ser adorada vuelo a vuelo.

Mila

Adónde

¿Adónde va el bebé de África negra,
Adónde el balbuceo aún no esbozado,
Adónde el primer diente,
Adónde el palmoteo,
Adónde la sonrisa, el mimo, el llanto,
Adónde va el bebé de África negra?

Camino de la más blanca opulencia,
Adonde las fronteras,
Adonde esa Europa enriquecida,
Adonde directivas,
adonde
se hunde el mar
lleno de penas
¿ Adónde ?


Mila, octubre de 2009

"PIMPINELA" MUNICIPAL

Hay algo desconcertante, hueco, en las mutuas acusaciones que se hacen estos días UPN y PSN del Ayuntamiento de Tudela. El presupuesto lo aprobaron juntos, mediante pacto que excluía la posibilidad de que quienes no compartíamos sus líneas generales pudiéramos participar con nuestras propuestas. Lo auténticamente real es que juntos decidieron aprobar un presupuesto que subía las tasas de una piscina cubierta con fuertes deficiencias en el servicio, que elevaba los gravámenes del comunal a los agricultores sin escuchar sus razones en contra, o que aumentaba la tasa de alcantarillado ostensiblemente a toda la ciudadanía mientras endeudaba más a la ciudadanía con nuevos préstamos financieros por valor de 10.000.000 de euros, y que contemplaba que las empresas de la Ciudad Agroalimentaria pagasen un 50% más barata la tarifa del agua que el resto de empresas y comercios de Tudela.
Pactaron conjuntamente un presupuesto en el que no solamente no se contemplaba la ahora discutida nueva sede para la policía municipal, sino que ignoraba políticas municipales importantes tales como la necesidad de una nueva biblioteca en nuestra ciudad, o de desarrollar el Plan de Movilidad Urbano Sostenible, el Plan de Accesibilidad, el Plan de Tráfico, de la bicicleta, que carecía de planes estratégicos de cualquier estilo y no afrontaba la precariedad del acceso de muchas personas a la vivienda, a servicios básicos como el Servicio de Atención Domiciliaria, o la necesidad de planes de emergencia para apoyar a familias afectadas por la crisis y el paro, o un Comedor Social que, afortunadamente, sacaron adelante las asociaciones ciudadanas en los presupuestos participativos. Pactaron un presupuesto en el que desoyeron esas necesidades o la de aumentar sensiblemente los apoyos a la rehabilitación de viviendas, contemplando las demandas en ese sentido de Pobreza Cero. Acordaron un presupuesto que gestionaba más servicios de manera indirecta, que se elaboraba sin perspectiva de género y sin formación en cláusulas sociales, que contemplaba una plantilla en base a un estudio que, aún con aspectos positivos, tuvo más en cuenta altos cargos y jefaturas que la realidad del conjunto de los trabajadores.

Era un presupuesto que tenía que contemplar peticiones del PSN con las que justificar su visto bueno a todo lo anterior. Y, a veces, esas peticiones eran tan absurdas como el innecesario gasto de 180.000 euros para baldeo negando en cambio la consignación para inspección que lo supervisase. UPN no tiene que echar balones fuera denunciando el aumento de impuestos del gobierno central, sino gestionar bien lo que recauda de su propia ciudadanía, con un urbanismo participado democráticamente, con unos servicios de calidad que acojan a cuantas personas ancianas necesitan del SAD, que atiendan la demanda de escolaridad infantil 0 a 3 años, que escuchen las necesidades de la gente joven en vivienda y trabajo, que no miren para otro lado ante la precariedad y el paro. Por su parte, PSN debiera aclararse si quiere ser arte o parte. No se puede querer ser parte del espejo de líneas maestras de la política municipal que dibuja un presupuesto pactado, y a la vez, oposición. En fin, son tan solo algunas de las cosas reales de una política municipal dirigida y desarrollada por UPN, con el inestimable apoyo presupuestario del PSN. Por ello, sus quejas suenan a escenificación a lo Pimpinela, espectáculo puro y duro, en este caso carente de credibilidad.